La Procuraduría General de la Nación en carta dirigida a la Gerente de Transmilenio, María Consuelo Araújo, cuestionó por qué la contratación para la adquisición de la nueva flota, por un valor superior a los $2.900 billones de pesos, no tiene en cuenta la adquisición de tecnología de vanguardia.

El Ministerio Público solicitó dar respuesta de por qué los buses que no pueden ser vendidos en la UE por no cumplir con la norma Euro VI, que establece el límite permitido para las emisiones de impacto ambiental, podrán circular por Bogotá.

También requirió a Transmilenio los estudios realizados para determinar el impacto ambiental, y los comparativos de costos de la flota de operación, de acuerdo con el tipo de buses, tecnología y combustibles fósiles que utilizarán.

De igual manera, pidió a la entidad dar respuesta acerca del modelo de negocio con el cual se pretende adjudicar a través de dos concesiones la provisión de flota y la operación y mantenimiento.

Finalmente el ente de control solicitó un informe de los resultados de la operación de los buses biarticulado y articulados que funcionan a gas natural que se encuentran en pruebas desde julio del 2017, así como la incorporación de esos informes a los estudios realizados dentro de las licitaciones.

La Procuraduría pidió a Transmilenio una respuesta a la mayor brevedad teniendo en cuenta que ya desatendió un primer plazo, que venció el 6 de julio, y que el cronograma del cierre para la recepción de ofertas está previsto para el próximo 2 de agosto.

Con información de la Procuraduría